Posicionamiento

En mayo de 2021, TERVIES presentó una solicitud al Ministerio de Defensa para erradicar la práctica de asignar puestos de la organización militar a personal en la reserva. Las razones para ello pueden leerse en el posicionamiento que publicamos el 1 de mayo. La propuesta fue desestimada, como tantas otras.

Pero la situación de frustración para los oficiales y suboficiales en activo que ven truncadas sus perspectivas de ascenso, permanece. Como también permanecen los criterios subjetivos y muy discrecionales para la asignación de puestos a personal en la reserva. Ello nos ha llevado a reflexionar sobre la situación de reserva en sí misma y esta reflexión nos ha dado una nueva perspectiva: el problema de fondo es la propia situación de reserva, que es una rémora del pasado que nadie ha querido tocar, pero que no tiene justificación en nuestro tiempo.

En nuestra época, ante el aumento de la esperanza de vida, de la mejora de las condiciones laborales y, por qué no decirlo, de la necesidad imperiosa de pagar los gastos de una administración mastodóntica, los representantes políticos han acordado la extensión progresiva de la edad laboral.

En estas condiciones, la situación de reserva (forzosa) que existe en las Fuerzas Armadas, en la que el personal se va a su casa con 58 a 61 años, puede ser percibida por la sociedad como insolidaria, pues bien parece un trato de favor para unos elegidos que se van anticipadamente, mientras que el resto de ciudadanos continúa trabajando hasta los 67 años.

Pero es que, además, esta percepción es errónea, porque para muchos militares esta reserva forzosa constituye un problema, pues aún tienen hijos estudiando e hipoteca que pagar, y la pérdida económica es notable. Y, encima, es arbitraria, porque los militares entraron en la Administración del Estado por medio de una oposición, como el resto de funcionarios. Consecuentemente, no hay razón para echarlos antes que al resto.

Para abundamiento de errores, es contradictoria, pues se argumenta que es para rejuvenecer las Fuerzas Armadas, pero en caso de movilización general el personal en la reserva sería llamado a filas con lo que la edad media será la que corresponda al incluir este personal en el cómputo general.

Por último, unida a la práctica que venimos criticando de asignar puestos en las Fuerzas Armadas y en el Ministerio de Defensa a personal en la reserva, resulta frustrante para el resto de personal militar en situación de actividad, que percibe esta asignación de puestos como una práctica que limita sus posibilidades de promoción profesional.

En consecuencia, TERVIES ha solicitado al Ministerio de Defensa la eliminación de la situación de reserva por insolidaria, arbitraria, contradictoria y frustrante para el personal militar en activo. En su lugar, hemos solicitado que se establezcan cauces para el pase a la situación de retiro anticipado de forma voluntaria.

Desde la entrada en vigor del RD 176/2014, sobre Iniciativas y Quejas en el ámbito del Ministerio de Defensa, en el año 2014, hasta la fecha (verano de 2021), se han realizado 909 quejas, de las que sólo han sido estimadas 178 (el 19,5%), según datos del propio Ministerio.

Considerando una plantilla media de 100.000 personas y el tiempo transcurrido (7 años), ni el número de quejas parece alto (apenas 1/700), ni las aceptadas son significativas, máxime considerando la situación de desapego a las normas y a los procedimientos que se da en algunas unidades o a la discrecionalidad en la asignación de destinos y ascensos, que es generalizada en las FAS.

Algunas posibles razones para este bajo número de quejas se pueden encontrar en el miedo a represalias o en la desazón que produce el poco éxito que éstas tienen.

En TERVIES siempre hemos apostado por el respeto a las normas y a los procedimientos, pero es preciso también reconocer cuando éstas fallan sistemáticamente y, entonces, buscar otras soluciones. Tras siete años en vigor, podemos, considerar el RD 176/2014 como un completo fracaso.

Sin embargo, ni el miedo ni la desesperanza justifican un sistema en el cual una denuncia anónima pueda prosperar directamente a acusación pública, sin una investigación rigurosa, tal y como hacen algunos grupos anónimos y de oscuras intenciones. Estos grupos sectarios y extremistas, que buscan fines muy diferentes de la justicia y el respeto a la ley, invocan la Directiva 2019/1937 de la Unión Europea, pero sólo como excusa, pues no respetan en absoluto su contenido.

Esta Directiva propone a los Estados Miembro que establezcan dos canales de denuncia anónima: uno interno, en la propia organización, y otro externo, por un organismo ajeno a la organización. En todo caso, la Directiva insta a investigar los hechos denunciados antes de darles credibilidad alguna.

En este sentido, TERVIES recogerá las denuncias que nos transmitan nuestros socios y las trasladará al Ministerio de Defensa, sin datos personales que puedan identificar la fuente, para que tengan la oportunidad de investigar la veracidad de las mismas. Periódicamente, publicaremos las denuncias tramitadas, sin dar detalles que puedan comprometer la honorabilidad de las personas denunciadas o prestando credibilidad a los hechos denunciados. Tan sólo nos comprometemos a actuar como un canal externo que facilite al Ministerio de Defensa el conocimiento de unas posibles actuaciones irregulares, mientras que preservamos el anonimato de nuestros miembros.

El Comité Ético de TERVIES se reserva el derecho a rechazar aquellas denuncias que sean irrelevantes o impropias de la vida castrense, o que persigan la denuncia de personas en razón de su ideología o religión (derechos reconocidos en el artículo 16 de nuestra Constitución).

Nuestros asociados pueden enviarnos sus denuncias por email a asociacionterciosviejos@gmail.com o a través del formulario de contacto (si están identificados en la página pueden adjuntar archivos).

Con la excusa de que es una lástima perder personal muy cualificado por razón de edad y también porque se argumenta que supuestamente no hay personal suficiente para ocupar todos los puestos de la organización militar, se han ido asignando destinos a personal en la reserva. Y no se trata de destinos irrelevantes y relacionados con actividades poco operativas. Por el contrario, se trata en muchos casos de puestos importantes. La gestión de personal, el mantenimiento y el abastecimiento, así como otras muchas funciones esenciales de la organización militar han sido asignadas a personal en la reserva, principalmente generales y coroneles.

Simultáneamente, existe un descontento e inquietud crecientes entre el personal perteneciente a la Escala de Oficiales de las Fuerzas Armadas en relación con la política de ascensos. Este personal ha visto mermadas sus expectativas de promoción profesional a lo largo de los últimos veinticinco años. En este momento, la tasa de ascenso a coronel, que era el empleo natural de pase a la reserva en el momento de ingreso en las Fuerzas Armadas, es la más baja de la historia. La mayor parte del personal de esta escala finaliza su carrera militar en el empleo de teniente coronel.

Así pues, la práctica de asignar puestos relevantes de la organización militar a personal en la reserva, que ha ido incrementándose sin control en estos últimos años, resulta cuestionable, por su falta de trasparencia y de criterios objetivos; ofensiva, considerando el gran número de oficiales que no están ascendiendo al empleo de coronel, habiendo puestos que requieren este empleo; e injusta, pues sólo se da colocación a la escala de oficiales, creando un agravio comparativo con los suboficiales y la tropa y marinería.

Parece que asignar puestos a personal en la reserva resulta más cómodo que luchar por una revisión de las plantillas que asegure una adecuada carrera profesional al personal en activo.

No nos oponemos a que personal en la reserva, que por edad deja el servicio activo pero que atesora todavía conocimientos y experiencia suficientes, sean considerados en caso de movilización general y, en anticipación a esta circunstancia, sean activados temporalmente con motivo de ejercicios o comisiones de corta duración, a los efectos de mantener por el mayor tiempo posible su entrenamiento.

Sí nos oponemos a su empleo continuado ocupando puestos de la organización militar, impidiendo de este modo que sean ocupados por personal en activo, promocionándolos adecuadamente.

Si existen puestos que resultan poco útiles para personal en activo, es posible que también sean poco útiles para personal en la reserva. Los Ejércitos deben realizar un esfuerzo de reorganización de sus estructuras para hacerlas más eficientes. Por otra parte, los puestos para personal en la reserva deben ser pocos, determinados con un criterio claro y común para todos los Ejércitos y asignados por rigurosa antigüedad.

El asunto de unas retribuciones justas es siempre especialmente sensible y sirve de banderín de enganche para múltiples iniciativas, que a veces no tienen mucho que ver con la justicia y la verdad. Por eso, en este tema, es especialmente importante tener un criterio claro. TERVIES aplica el principio de “el Estado como empleador único”.

Esto significa que en una sociedad de ciudadanos libres e iguales el Estado no puede hacer dejación de funciones y escudarse en el modelo administrativo adoptado en la Constitución de 1978 para quitarse de en medio. Nosotros creemos que el asunto de las retribuciones de los empleados públicos es de importancia capital para vertebrar la unidad de la nación y la solidaridad de la sociedad. Los sueldos de los empleados públicos deben fijarse en base a criterios objetivos comunes a todas las administraciones públicas, que, en principio, deben considerar la formación de la persona, la función desempeñada, las horas de trabajo, la peligrosidad, la penosidad y otros factores objetivos e idénticos en toda la nación. TERVIES reclamará y apoyará las reclamaciones de todo empleado público que cobre un euro menos que otro empleado con idéntica formación y actividad equivalente. No apoyamos la comparación entre colectivos, sino entre personas.

TERVIES observa con preocupación la cada vez mayor frecuencia con la que empresas del sector de la industria de defensa contratan o incluyen en sus consejos de administración a generales que hasta el día anterior se encontraban ejerciendo tareas directivas en las Fuerzas Armadas. Este personal es habitualmente contratado por las empresas para mediar en la consecución de contratos o para obtener beneficios especiales y no, salvo excepcionales ocasiones, por su conocimiento técnico en relación con los productos o servicios que dichas empresas ofrecen. Nada tenemos que objetar a que el personal militar, cualquiera que sea su empleo, se incorpore a amplios sectores de sociedad tras su pase a reserva o retiro, pues atesoran amplios conocimientos y, en muchos casos, valores encomiables. Sin embargo, el caso concreto del paso de generales a empresas de la industria de defensa, básicamente como comerciales, no nos parece ni ético ni estético. Es algo que la propia dignidad militar no debiera nunca haber permitido, pero que prolifera cada día con mayor descaro. Reprobamos dicha actuación, que pone en cuestión la ejemplaridad que se espera de altos mandos de los Ejércitos, modelo y espejo en el que todos los miembros de las FAS se miran.

Posición de TERVIES sobre el reconocimiento y tratamiento que debe dar el Estado a los militares que resulten discapacitados por diferentes circunstancias.